Las personas menores de 16 años ya pueden solicitar el cambio de sexo en el DNI sin hormonación e interrumpir un embarazo sin permiso paterno
Los dos proyectos más luchados por el Ministerio de Igualdad ya se han puesto en marcha. La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (‘ley trans’) y la Ley Orgánica sobre Salud Sexual y Reproductiva (ley del aborto) ya son leyes en vigor para toda la sociedad española tras la publicación del BOE el pasado miércoles.
A partir de hoy, cualquier interesado podrá solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil español y para que también se vea reflejado en su DNI sin necesidad de presentar un informe de disforia de género y de haber estado, al menos, dos años en un proceso de hormonación para cambiar la apariencia física, como era necesario con la anterior normativa. Esta medida ha originado el rechazo frontal de los partidos de la oposición, mayoritariamente de corte conservador. Pero no han sido los únicos. También, una parte del feminismo ha mostrado cierta desconfianza entorno a la formalización de esta nueva ley, sobre todo después de conocer que no será necesario informe médico o pruebas documentales para el cambio de sexo.
Por su parte, la reforma de la ley del aborto que tiene como finalidad blindar este derecho en la sanidad pública y devolver a las menores de 16 y 17 años la posibilidad de interrumpir sus embarazos sin permiso paterno, parece que no ha generado tantas disputas. A pesar de las diferencias del equipo de gobierno y el nuevo pulso entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, el texto publicado en el BOE que contó con el apoyo explícito de todos los socios de gobierno, recoge las exigencias de todas las partes y supone un paso de gigante tras 13 años de la famosa ley de plazos aprobada por el Partido Popular en 2010.
Esta ley incluirá nuevas medidas, entre las que se encuentra, la prohibición de las terapias de conversión para modificar la orientación sexual y la distribución de píldoras anticonceptivas o la introducción de las bajas por regla. Además, el texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
En conclusión, el gobierno de España ha conseguido aprobar dos nuevas normativas que tienen como objetivo mejorar las condiciones de miles de personas que se encontraban reprimidas o invisibilizadas en una sociedad que, hasta el momento, miraba para otro lado cuando estas trataban de alzar la voz. Con el punto de vista en las próximas elecciones del mes de diciembre, UP y PSOE se apuntan dos tantos importantes que su electorado reclamaba desde el inicio de la legislatura.